La potestad de la Asamblea Legislativa de investigar es, además de una
garantía constitucional, un acto eminentemente político que busca, según lo ha
definido la Sala Constitucional, “exponer ante la opinión pública hechos que
puedan resultar políticamente reprochables”.
Sin embargo, esta prerrogativa no puede ejercerse de manera ilimitada. La
misma Sala ha sido prolija en establecer las reglas del juego para evitar que la
tentación política termine por reducir este legítimo privilegio a la categoría de
circo, ajuste de cuentas o medio para desinformar a la sociedad, que es la
beneficiada o perjudicada final de la buena o mala fe con la que se conduzca
una investigación.
BCIE y SINART: dos temas separados imposibles de conectar
El 13 de septiembre de 2023, se creó la comisión legislativa “para investigar las
contrataciones relacionadas con publicidad y empresas de medios alternativos
y medios tradicionales, así como personas físicas, donde se encuentra
relacionado el BCIE, el SINART, la agencia de publicidad del SINART y las
diversas instituciones del Estado que han hecho contratación con dicha
agencia”. Sí, así de extenso y variopinto es el nombre de la comisión.
Pasados ocho meses y 30 sesiones de esta Comisión Legislativa, es claro que
existe un gran interés, o una gran omisión, o, por qué no decir, un gran esfuerzo
político por conectar dos temas que no tienen relación entre sí: el SINART y el
BCIE.
El SINART S.A. nunca ha firmado contrato alguno con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y los únicos dos contratos
firmados con un proveedor en común, el productor Christian Bulgarelli, fueron
pagados por el SINART S.A. tras un debido proceso que determinó la legalidad
de esos pagos.
Un ejemplo de esta confusión y asedio mediático es la cantidad absurda de
titulares que calificaban de “inusuales” las contrataciones del SINART con
fondos donados por el BCIE. Nada más lejos de la verdad.
En pocos días, la comisión que investiga al SINART debe rendir su informe. En
mi condición de presidente ejecutivo, hago eco de las palabras de los letrados
de la Sala Constitucional Barquero, Castro y Chavarría: “Debe tenerse presente,
además, por la propia naturaleza del control político, que su ejercicio se presta
a errores y equívocos. Lo que puede traducirse en sanciones materiales, con
consecuencias graves y efectivas. De allí la importancia de entender que la
Asamblea Legislativa y las comisiones especiales investigadoras están
sometidas a los límites que les impone la Constitución, lo que incluye,
necesariamente, el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos
fundamentales”.
El SINART: Un modelo de negocio que ya no funciona
El SINART S.A. se ha sometido, participado y apoyado de buena fe esta
indagatoria, de la cual estamos seguros saldremos impunes. En el camino nos
hemos encontrado fallas que hemos podido corregir; pero el mayor perjuicio ha
sido en las finanzas de la institución, al punto que hoy el 85% de los ingresos
proyectados para 2024 no han llegado. El excesivo escrutinio y las directrices
giradas hicieron que las instituciones del Estado se alejaran del SINART antes
incluso de que hubiese un informe final.
La falta de conocimiento de la comisión sobre el giro del negocio del SINART
quedó evidenciada en las distintas sesiones, lo que lleva a concluir que la
comisión no tenía como objetivo realizar una revisión al sistema de medios
públicos; sin embargo, en su afán político, poco le importó el impacto negativo
que podía generar en la institución y sus colaboradores. Quedó en evidencia
también el absoluto desconocimiento de los diputados sobre la dinámica del
mercado publicitario, el papel de los medios tradicionales y de las redes
sociales, así como de las nuevas tendencias para alcanzar a las audiencias.
Es importante recordar que el SINART S.A. solo administra el 10% de la pauta
estatal. El otro 90% parece no despertar ningún interés en los diputados. De
ese 10%, el SINART S.A. ha cumplido un papel vital en la democratización de la
pauta, para evitar la concentración de miles de millones de colones en
publicidad estatal en poquísimos medios, pese a su evidente decadencia de
penetración y audiencia por años.
Sin ingresos, el SINART no puede cumplir con su objetivo fundamental de
producir y crear contenido de calidad. Un contrapeso importante a los
programas ajenos, violentos y sin valores, que no reflejan la realidad y la
idiosincrasia costarricense.
Esperamos que el informe final de esta comisión deje claro el rol que se desea
que tenga una empresa de medios de comunicación pública como el SINART
S.A. y la forma de financiarla, de tal manera que los políticos de turno no
tengan injerencia en la institución.
De no ser así, desde el SINART S.A. nos comprometemos a llevar a cabo dicha
discusión y proponer los cambios que sean necesarios para garantizar medios
de comunicación pública donde todos los costarricenses, sin ningún tipo de
distinción o discriminación, tengan un espacio para manifestar sus ideas y
expresar su creatividad.
Escrito por: Fernando Sandí Chacón
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